Claves: Ley de bono para contradicciones ofiacialistas

Pacientes ancianos, mayores beneficiados de la ley, en marcha de "Unidos por la vida". Foto: Transparencia Venezuela.

Por: Andrés Anthonio Segovia / Correo: andruenon@hotmail.com

No hay secreto, el poder ejecutivo en connivencia con el Tribunal Supremo de Justicia sin caretas limita la efectividad del parlamento, el hecho de que la bancada de la MUD insista en permanecer dentro de los canales políticos institucionales demuestra ser un loable signo de civilidad y a su vez toda una proeza.

La oposición, como cualquier otra en el mundo, se encamina a intentar cumplir sus promesas y desencajar al oficialismo de cara a la población mientras ganan tiempo a sus diatribas internas sobre los pasos a tomar para lograr la salida de Maduro.

Es resaltante que a pesar de haberse activado las iniciativas de solicitud de Enmienda Constitucional y Referéndum Revocatorio, cada uno de los partidos de la coalición sigue por su lado y existe franca desesperanza en varios particulares sobre la viabilidad de cualquiera de las iniciativas; estos son hechos tan lógicos como palpables.

Sin embargo, en medio de su sombrío panorama los legisladores de la unidad han concretado un creativo despliegue de astucia maquiaveliana el pasado 30 de marzo con la aprobación de la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados.

Diputado de Petare por la MUD, Miguel Pizarro ha lideró la iniciativa.

Bonos reveladores

Más allá del discurso de #JusticiaSocial (tendencia en Twitter aquel día) esta ley, inicialmente ideada por la Causa R y que se estuvo engavetada por más de 14 años, esta encaminada a poner contra la pared de la opinión pública al chavismo. La oposición tomó una muy sagaz táctica de cara a una población sumamente acostumbrada al dadivismo estadal.

Primero dejaron fuera de base al gobierno que hizo campaña acusándolos de ser enemigos de las políticas de repartición, y segundo los trabaron en el momento en que su gestión caracterizada por el gasto público, desorganización y corrupción lógicamente ha colapsado provocando la actual crisis económica.

La ley de bonos es una papa caliente que ahora pasa a manos del Presidente de la República que debe aprobarla o no; viéndose obligado a responder cómo pagar, o en dado caso, explicar porque no. 

El texto de la ley enfila todo un montón de imprudencias e irresponsabilidades que han abanderado y caracterizado a la gestión de los últimos 17 años, aquí algunas 6 claves:

1)    Pide respetar derechos que el gobierno no puede garantizar. Basta leer el artículo 1 que expone: “el fin de proteger su derecho a la alimentación y a la adquisición de medicinas”.

2)    La introducción de las medicinas al bono. La propuesta inicial nombraba sólo los tickets de alimentación, pero la proposición electoral sumo los medicamentos cuando más faltan en las farmacias.

Una anécdota no casual es que se sancionó un día antes del 31 de marzo cuando se pautaron marchas en todo el país de pacientes buscado medicamentos y personas solicitando la solución a la falta de alimentos con el eslogan #UnidosPorLaVida.

3)    Busca revelar el numero real de pensionados y jubilados. El Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) asegura haber alcanzado la cifra de 3.090.281 de pensiones otorgadas hasta el 2015, sin embargo, falta de transparencia en los procedimientos, la irregularidad con la que se publican cifras y su uso con interés político (expuesto en la última publicación de la lista de nuevos pensionados el 6 de diciembre del 2015) entre otros puntos; exacerban dudas como las del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad que constantemente acusa al gobierno de manipulación de cifras.

Integrantes del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad en la AN. Foto: Efecto Cocuyo.

4)    Costos y el bumerán de la U.T. Artículo 3: “El monto del bono al que se refiere esta Ley es equivalente a sesenta y siete unidades tributarias (67 U.T.) mensuales”. Esto equivale a 11.505 Bs. con el aumento de la U.T. a 177 Bs. efectuado en febrero de este año sin aprobación parlamentaria. Es decir que cuando el ejecutivo pensó que sólo cobraría más, esta legislación lo topa con un gasto muy superior a 35mil millones de bolívares, basándose nada más en las cifras que ofrecen de pensionados. 

5)    El pago debe ser inmediato. Artículo 4:“El bono se hará efectivo en la misma oportunidad en la que se pague la respectiva pensión o jubilación”. El ejecutivo no puede retrasarse o hacer pagos posteriores y debe ofrecer explicaciones si llega solicitar, en revisiones al texto, la capacidad de prórroga.

6)    Se rige por una ley “socialista”. En este caso los apellidos que el oficialismo le ha puesto a casi todo cobran caro, el artículo 6 estipula que la norma se regirá “de conformidad con lo establecido en la Ley del Cestaticket Socialista para los Trabajadores y Trabajadoras” ¿se opondrán la extensión de una de sus normas?

La bancada del Polo Patriótico ha expuesto, de maneras muy hilarantes para los espectadores, los motivos por los cuales salvó su voto en la sanción del proyecto de ley con declaraciones como las del diputado Ricardo Sanguino que afirmó “no hay como pagar” a sólo días de negar la situación económica actual con la pregunta retórica de “¿cuál crisis?”.

Resaltó también el despliegue de irresponsabilidad expuesto por el oficialista Víctor Clark al proponer un artículo que diera la responsabilidad del pago de esos bonos a los contribuyentes especiales, es decir, seguir aumentando las cargas impositivas de sector productivo en plena recesión.

El gobierno por primera vez se topa a la realidad de que los recursos financieros no son infinitos, desgastándose de cara a la población mientras la MUD intenta capitalizar ante cualquier escenario. Ya varias encuestadoras, como Keller y Asociados, concluyen para el primer trimestre del 2016 que más del 90% de la población considera “grave” la crisis económica, política y social del país y el hecho se acentúa cada vez que se afianza el cierre de las posibilidades de un cambio institucional civilizado.

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