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Mayores controles para gobiernos, no para los emprendedores

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Por Andrés Anthonio Segovia. TW/IG: @ReporteroAndres

Cuando en un sistema de libre competencia -es decir, uno que no existe en Venezuela- alguien no está de acuerdo con el precio o características de un bien o servicio, simplemente no lo adquiere y compra otro o reemplaza.   Esta situación se ha hecho imposible de experimentar en una economía intervenida, inflacionaria e improductiva. Al no tenerse estas vivencias, se hacen desconocidas y esto es muy beneficioso para el régimen porque ¿con qué contrasto?


Los veinte años de adaptación y los cuarenta anteriores de progresivo estatismo no han pasado en vano para afianzar paradigmas de la regimentación del Estado sobre la economía, algo propio de los socialismos. Los controles a la libre competencia son expresión de la irresponsabilidad del régimen y a la vez son su sello político identitario (ese que sustenta al chavismo no madurista, o los light). Ellos no renunciarán al legado, así como mucho falso opositor no renunciará tampoco al estatismo rentista a nombre una “vocación social(¿ista?)”.

Si la hiperinflación la han provocado las políticas monetarias, fiscales y reguladoras que han ahuyentado las inversiones. ¿Por qué controlar los precios? ¿Por qué imponer salarios desde el ejecutivo? ¿Por qué dar bonos? ¿Por qué dar CLAP? La respuesta se puede resumir en que es la única estrategia que tienen para fortalecerse y el legitimarse como régimen. Cual absolutistas, ahora el Estado son ellos.

La próxima vez que salga uno de esos asalariados o simples bonificados -que dicen hablar de participación, protagonismo, poder de abajo hacia arriba, “del pueblo pa’ Miraflores”, entre otras rimbombancias- a proclamar que hay que ponerle una sanción a cada bodeguero y vigilarlos con militares si es necesario; será válido preguntarle sino sería más eficiente que exigiese les hicieran eso a los altos regentes que ni siquiera rinden cuentas en el Banco Central, ministerio de finanzas, a los ministros de cada cartera “productiva” y hasta al que usurpa el ejecutivo; encargado directo de dilapidar recursos de la nación y haber encabezado el proceso hiperinflacionario y especulativo. Para esa propuesta seguro el enchufado, asalariado o simple bonificado, seguro no creerá en controles, ni en sanciones, ni el asunto participativo o protagónico.

Esta situación es una metáfora sobre el estatismo imperante. Al criminalizar y buscar socavar al emprendedor, es decir, la sociedad civil; toma mayor sentido aquella frase de “no más dólares para los golpistas”, que pronunció Chávez al instaurar el demoledor control de cambio. Expresión de un régimen todo poderoso doblegando las fuentes de emancipación del ciudadano, del control del dólar al CLAP y carnet, la ruta es completamente recta.

Nadie supedita al déspota y este somete al emprendedor. Mientras el bodeguero si mucho puede ser la primera opción de compras a unas cuadras o sobre algunos bienes demandados, el tirano y sus camarillas tienen control sobre la nación y todos los ámbitos de la vida de sus pobladores. ¿Notamos la asimetría de poder ejercido?

El discurso de revancha que ha caracterizado al socialismo nos ha llevado a una situación de enemistad cainiana, de desconfianza en todo ámbito y de rapiña ante las carencias que se han exacerbado. La única alternativa antagónica al oprobio es la promoción de las libertades o el aumento de contrapesos al poder del Estado, no seguirlos legitimando.
Enfocarnos en un discurso en favor de la libre empresa y competitividad, no sólo será expresión de búsqueda de superación sino además la recuperación de nuestra dignidad como humanos y fortalecernos como ciudadanos.


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Toma de mercados, municipalización del autoritarismo

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PoAndrés Anthonio Segovia /andrulenon@hotmail.com TW/IG: @ReporteroAndres

Más y mayores controles ahora ponen su vista sobre los mercados municipales. El régimen socialista comenzó desde lo alto (imponiendo control de cambio para no “financiar golpistas”, tomando dinero de reservas para gastar, acabando con el mercado financiero de las Bolsas, secuestrando políticamente PDVSA, etc…) y atacó a lo ancho, con políticas intervencionistas que aumentaron los niveles de crédito y gasto público, endureciendo políticas laborales, igualmente la de bonos y salarios, imponiendo controles precios…. Todas formulas enteramente contrarias a los derroteros del desarrollo, pero muy afines al populismo, tanto es así que por años falsos opositores han celebrado estás medidas de “profunda vocación social” que han llevado a la nación a su hecatombe y, sin embargo, ante los resultados nefastos siguen insistiendo en la receta económica estatista.

Parece que a los demagogos no les basta lo evidente, como cuando la escasez tuvo sus primeros episodios en el año 2007, cuadro años luego de la con la imposición de controles de precios; o con el hecho demostrado de que la mitad de las 600mil empresas existentes para 1998 ya habían cerrado sus puertas en 2012; o como cuando órganos como el SUNDE acabaron con la presunción de inocencia imponiendo multas y cierres sin derecho al pataleo a nombre del “bien de todos”; o como cuando el control cambiario inició un aumento sostenido, desde el año 2003 hasta la actualidad, del precio de la moneda fuerte, el dólar, frente el bolívar débil; o cuando se sacó en cadena nacional  un “millardito” de las reservas  de la nación, que dan respaldo al poder de nuestra moneda, excusándose en “gastos sociales”; o como muchos tantos episodios en los cuales el populismo imperante no reclamó ante este evidente avance del autoritarismo.

El estatismo como tara ideológica de la economía petrolera de la que se vale la tiranía y el discurso falso opositor, ahora calla o celebra en silencio esta municipalización del autoritarismo y sus consecuentes mafias.

Las causas de la inflación y especulación son estructurales y están en las distorsiones económicas que han promovido los controles. Estos militares sólo saben imponerse con sus botas y armas, pero de las dinámicas socioeconómicas nada saben y por ello adoptan estas cartillas desfasadas del socialismo.


Mercado de Maracaibo intervenido. 2018. Foto: Anónimo. 

Por ello, a nombre de repartir riquezas, aumentaron el flujo monetario del Banco Central de Venezuela (que ese sí no rinde cuentas) promoviendo en una economía monoproductora y no productiva, la hiperinflación caracterizada por crecer a pasos tan violentos que ha dejado hasta a los billetes como bien escaso y por ende propensos a su virulento aumento de valor.

El mercado buscará su desahogo y el aumento de la coacción del régimen provocará mayor especulación e inflación porque el comercio seguirá abandonando el ámbito formal, que en este caso representa el mercado municipal, y pasará a abonar la clandestinidad o mercados negros, que como no es secreto, ya es la principal vía para conseguir lo desaparecido en anaqueles.
Además, cabe agregar, para almas puras o que se hacen las inocentes, que esta es una economía en gran parte manejada por los contrabandistas y corruptos del régimen. ¿Se entiende la relación entre más control y más mafias?

Criminalizar las dinámicas del mercado libre es estigmatizar a la sociedad civil y afianzar el discurso estadista de control sobre la población. La alternativa es clara, debe reestablecerse la cordura económica con un Banco Central autónomo, austeridad, Estado de derecho, respeto a la propiedad privada, fin de controles que han distorsionado las dinámicas competitivas naturales de la oferta y demanda y en general respetar las dinámicas del mercado libre; una visión que está muy clara para alternativas como Vente Venezuela y SoyVenezuela, una alianza ignorada por el establishment rentista tanto político, como mediático.




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Claves: Ley de bono para contradicciones ofiacialistas

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Pacientes ancianos, mayores beneficiados de la ley, en marcha de "Unidos por la vida". Foto: Transparencia Venezuela.
Por: Andrés Anthonio Segovia / Correo: andruenon@hotmail.com

No hay secreto, el poder ejecutivo en connivencia con el Tribunal Supremo de Justicia sin caretas limita la efectividad del parlamento, el hecho de que la bancada de la MUD insista en permanecer dentro de los canales políticos institucionales demuestra ser un loable signo de civilidad y a su vez toda una proeza.

La oposición, como cualquier otra en el mundo, se encamina a intentar cumplir sus promesas y desencajar al oficialismo de cara a la población mientras ganan tiempo a sus diatribas internas sobre los pasos a tomar para lograr la salida de Maduro.

Es resaltante que a pesar de haberse activado las iniciativas de solicitud de Enmienda Constitucional y Referéndum Revocatorio, cada uno de los partidos de la coalición sigue por su lado y existe franca desesperanza en varios particulares sobre la viabilidad de cualquiera de las iniciativas; estos son hechos tan lógicos como palpables.

Sin embargo, en medio de su sombrío panorama los legisladores de la unidad han concretado un creativo despliegue de astucia maquiaveliana el pasado 30 de marzo con la aprobación de la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados.

Diputado de Petare por la MUD, Miguel Pizarro ha lideró la iniciativa.
Bonos reveladores

Más allá del discurso de #JusticiaSocial (tendencia en Twitter aquel día) esta ley, inicialmente ideada por la Causa R y que se estuvo engavetada por más de 14 años, esta encaminada a poner contra la pared de la opinión pública al chavismo. La oposición tomó una muy sagaz táctica de cara a una población sumamente acostumbrada al dadivismo estadal.

Primero dejaron fuera de base al gobierno que hizo campaña acusándolos de ser enemigos de las políticas de repartición, y segundo los trabaron en el momento en que su gestión caracterizada por el gasto público, desorganización y corrupción lógicamente ha colapsado provocando la actual crisis económica.

La ley de bonos es una papa caliente que ahora pasa a manos del Presidente de la República que debe aprobarla o no; viéndose obligado a responder cómo pagar, o en dado caso, explicar porque no. 

El texto de la ley enfila todo un montón de imprudencias e irresponsabilidades que han abanderado y caracterizado a la gestión de los últimos 17 años, aquí algunas 6 claves:

1)    Pide respetar derechos que el gobierno no puede garantizar. Basta leer el artículo 1 que expone: “el fin de proteger su derecho a la alimentación y a la adquisición de medicinas”.

2)    La introducción de las medicinas al bono. La propuesta inicial nombraba sólo los tickets de alimentación, pero la proposición electoral sumo los medicamentos cuando más faltan en las farmacias.
Una anécdota no casual es que se sancionó un día antes del 31 de marzo cuando se pautaron marchas en todo el país de pacientes buscado medicamentos y personas solicitando la solución a la falta de alimentos con el eslogan #UnidosPorLaVida.

3)    Busca revelar el numero real de pensionados y jubilados. El Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) asegura haber alcanzado la cifra de 3.090.281 de pensiones otorgadas hasta el 2015, sin embargo, falta de transparencia en los procedimientos, la irregularidad con la que se publican cifras y su uso con interés político (expuesto en la última publicación de la lista de nuevos pensionados el 6 de diciembre del 2015) entre otros puntos; exacerban dudas como las del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad que constantemente acusa al gobierno de manipulación de cifras.

Integrantes del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad en la AN. Foto: Efecto Cocuyo.

4)    Costos y el bumerán de la U.T. Artículo 3: “El monto del bono al que se refiere esta Ley es equivalente a sesenta y siete unidades tributarias (67 U.T.) mensuales”. Esto equivale a 11.505 Bs. con el aumento de la U.T. a 177 Bs. efectuado en febrero de este año sin aprobación parlamentaria. Es decir que cuando el ejecutivo pensó que sólo cobraría más, esta legislación lo topa con un gasto muy superior a 35mil millones de bolívares, basándose nada más en las cifras que ofrecen de pensionados. 

5)    El pago debe ser inmediato. Artículo 4:El bono se hará efectivo en la misma oportunidad en la que se pague la respectiva pensión o jubilación”. El ejecutivo no puede retrasarse o hacer pagos posteriores y debe ofrecer explicaciones si llega solicitar, en revisiones al texto, la capacidad de prórroga.

6)    Se rige por una ley “socialista”. En este caso los apellidos que el oficialismo le ha puesto a casi todo cobran caro, el artículo 6 estipula que la norma se regirá “de conformidad con lo establecido en la Ley del Cestaticket Socialista para los Trabajadores y Trabajadoras” ¿se opondrán la extensión de una de sus normas?

La bancada del Polo Patriótico ha expuesto, de maneras muy hilarantes para los espectadores, los motivos por los cuales salvó su voto en la sanción del proyecto de ley con declaraciones como las del diputado Ricardo Sanguino que afirmó “no hay como pagar” a sólo días de negar la situación económica actual con la pregunta retórica de “¿cuál crisis?”.

Resaltó también el despliegue de irresponsabilidad expuesto por el oficialista Víctor Clark al proponer un artículo que diera la responsabilidad del pago de esos bonos a los contribuyentes especiales, es decir, seguir aumentando las cargas impositivas de sector productivo en plena recesión.

El gobierno por primera vez se topa a la realidad de que los recursos financieros no son infinitos, desgastándose de cara a la población mientras la MUD intenta capitalizar ante cualquier escenario. Ya varias encuestadoras, como Keller y Asociados, concluyen para el primer trimestre del 2016 que más del 90% de la población considera “grave” la crisis económica, política y social del país y el hecho se acentúa cada vez que se afianza el cierre de las posibilidades de un cambio institucional civilizado.


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